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Nos hacemos eco de la noticia publicada hoy por el periódico El Mundo sobre la nula transparencia de nuestra Alcaldesa. Puedes ver la noticia en su web pinchando aquí.

El Consorcio de Aguas Plan Écija no hace excepciones en su política de opacidad total en lo que respecta a su gestión y, especialmente, a lo que paga en concepto de dietas a los políticos que se sientan en sus órganos de gobierno. Ni el mismísimo Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha conseguido que el organismo que preside la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, acceda a proporcionar a concejales de la oposición de los municipios que lo integran ni un solo papel oficial.

La resistencia del Plan Écija -criticado por pagar hasta 100.000 euros a los alcaldes y concejales que se integran en su estructura- es tal que Maeztu ha dirigido un escrito muy crítico a Andújar en el que la acusa de incumplir la legislación en lo que a transparencia y acceso a la información se refiere.

A este respecto, el Defensor del Pueblo Andaluz subraya que debe tenerse presente que el derecho de acceso a la información entronca con el derecho a la buena administración consagrado en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable. Además, hay que indicar que la plena garantía del derecho de acceso a la información pública resulta indispensable para la consecución de mayores niveles de participación pública – art. 23 Constitución española – y, por ende, de garantía democrática.

El escrito del Defensor, en términos muy duros, señala que no está «amparada ni justificada» la ausencia de respuesta del consorcio de aguas a las peticiones de los concejales de la Asamblea Moronera Alternativa (AMA), que en reiteradas ocasiones ha solicitado los expedientes del convenio firmado entre el Plan Écija y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Hasta tres veces, le recuerda el Defensor a la presidenta del Consorcio, han reclamado los ediles de AMA su petición sin que, hasta la fecha, hayan recibido respuesta.

Como tampoco la han tenido los reiterados requerimientos del propio Defensor, que califica en su escrito la actuación del consorcio como «improcedente». Por un lado, por no atender la obligación legal de colaborar con la institución y, por otro, por la ausencia de respuesta a los concejales de la oposición en el Ayuntamiento moronense.

Ante esta situación, Maeztu insta a Andújar a dar respuesta a la petición lo antes posible y, además, a que en adelante ponga en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información sobre la gestión de este organismo público. AMA, mientras tanto, anunció este miércoles que volverá a reclamar los presupuestos del consorcio de aguas, que también les han sido denegados, para conocer con exactitud la cuantía de las compensaciones que reciben los cargos públicos que forman parte de la comisión ejecutiva.

Asamblea Moronera Alternativa (AMA) puso bajo la lupa el pago de estas dietas después de tener acceso al expediente de los presupuestos de la entidad para este año, que fueron aprobados inicialmente el pasado mes de abril. AMA presentó entonces una reclamación en la que pedía la supresión de estas retribuciones complementarias y que, alternativamente, sólo se sufraguen los gastos de desplazamiento para asistir a las reuniones. Sin embargo, esa misma junta general desestimó la queja y la sugerencia en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 8 de junio y, por tanto, las cuentas del consorcio para este 2015 han sido ya ratificadas con la inclusión de esos 100.000 euros en dietas.

En concreto, de esa partida de 100.000 euros salen los 325 euros a la semana que se embolsan los integrantes de la comisión ejecutiva, el máximo órgano de gestión del consorcio, como ya avanzó este periódico el pasado 2 de junio. Junto a Andújar, en la comisión están hasta ahora el vicepresidente del consorcio, Antonio Martín Melero, alcalde de Puebla de Cazalla (IU), y otros tres regidores designados por la junta general de la entidad en calidad de vocales.

Fuente El Mundo